La prevención y la erradicación de la corrupción no es sólo una responsabilidad de un Estado, cada vez queda en evidencia lo fundamental que es el apoyo y la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, para que en conjunto, se lleven a cabo esfuerzos eficaces.
Business Roundtable, una asociación conformada por los presidentes ejecutivos de las 200 empresas más importantes de los Estados Unidos, abandonó su declaración de 1997, que defendía que «el deber primordial de los directivos y de las juntas directivas es para con los accionistas de la corporación». En su lugar, elaboró una nueva declaración que promueve una economía que logre crear valor para los clientes, invierta en los empleados, fomente la equidad y la inclusión, trate a las comunidades de manera justa y ética, apoye a las comunidades y proteja el medio ambiente, como objetivos para el éxito futuro de las empresas, pero también y especialmente para el éxito en las comunidades y en los países. De forma parecida, el Foro Económico Mundial ha establecido que «el propósito de una empresa es involucrar a todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido».
Este esfuerzo, que es uno de tantos, responde a la preocupación que existe como sociedad, por la gravedad de los problemas y las amenazas de los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, para la estabilidad y seguridad de cada país, al socavar las Instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, comprometiendo el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho.
La lucha contra la corrupción tiene un frente y un área de oportunidad amplia y es la incorporación de la perspectiva de equidad de género de manera sistemática e integral, partiendo de que la corrupción es un fenómeno complejo y multidimensional que afecta a los principios esenciales de la democracia y del estado de derecho, obstaculiza el desarrollo e incide en la satisfacción de los derechos humanos, principalmente de los grupos más vulnerables. Precisamente, las mujeres y niñas están entre la población más afectada, entre otras causas porque representan la mayor proporción de personas en situación de pobreza (feminización de la pobreza) y porque la corrupción agrava las desigualdades existentes como consecuencia de relaciones de poder.
Ha quedado de manifiesto la importancia de establecer un diálogo entre actores dedicados a la lucha anticorrupción y a la igualdad y equidad de género que permita: i. una mayor comprensión de los nexos entre las dimensiones de género y los fenómenos de corrupción, ii. acercar las prioridades de la política pública en ambas temáticas, y iii. acciones particulares coordinadas y articuladas para atender los asuntos coincidentes.
Para prevenir, atender y sancionar la corrupción con enfoque de género, ONU Mujeres y otros sectores estratégicos han determinado, que para visibilizar el problema y evaluar su alcance es necesario: a. Desarrollo de estrategias de comunicación, sensibilización y educación que llamen la atención sobre la problemas asociados a las manifestaciones de corrupción que impactan a mujeres y niñas; b. Identificación de los datos e información necesarios para comprender la dimensión del problema en América Latina; c. Instituciones con perspectiva de género y corrupción, se deben hacer ajustes a la medición y herramientas de seguimiento tanto de la sociedad civil como de las instituciones públicas para incluir este enfoque, poniendo de relieve que, en casos de cohecho, tráfico de influencias y sobornos, entre otros actos delictivos, asociados al fenómeno de la corrupción, la moneda de pago, además del dinero, incluye favores de carácter sexual o de otra índole, a los que están expuestas principalmente las mujeres. Para lo cual es necesario revisar la política criminal del estado a fin de tipificar la extorsión sexual como un delito penal relacionado con la corrupción; d. Llevar la metodología para el diálogo entre actores anticorrupción y de género a nivel nacional para visibilizar el problema y sus particularidades en contextos nacionales y en enfoques o aspectos específicos de la relación entre género y corrupción.
Es posible concluir que la corrupción es una de las formas en las que se perpetúa la discriminación contra las mujeres, y en un trato y oportunidades desiguales que afecta su desarrollo integral, especialmente en los ámbito educativo, laboral, económico, de participación política, y recreativo.
Los distintos sectores necesitamos tomar una acción más decisiva con el tratamiento de la equidad de género, como prioridad de política pública y política empresarial, desde el establecimiento de objetivos hasta la responsabilidad de los líderes por los resultados. Lo anterior, requiere cerrar brechas de género, dar pasos audaces para crear una cultura respetuosa e inclusiva, a la luz del Compliance, que contemple políticas de anticorrupción con perspectiva de equidad de género, para que los derechos humanos de las mujeres, el acceso a los puestos de liderazgo y de poder, el acceso a servicios básicos, las oportunidades, y las iniciativas, no se vean limitadas o vulneradas, sino que el Estado y la sociedad organizada a través de los sectores económicos, políticos y sociales garanticen la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible.
La anticorrupción tiene un vínculo crucial con la paz, la seguridad y el desarrollo de una Nación. La lucha contra este delito es un derecho y una responsabilidad de todos, y es solo a través de la cooperación y es con la implicación de todas y cada una de las personas e instituciones que será posible superar su impacto negativo. Los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y las nuevas generaciones tienen un papel que desempeñar para unir al mundo contra la corrupción.
