En momentos, en los que se vislumbra con mayor claridad la desigualdad y la brecha digital que existe en la población, se torna imperante tomar decisiones en procura de garantizar el acceso a los servicios públicos y a los derechos constitucionales de educación y trabajo, derechos que se han visto vulnerados en los últimos años.
A raíz de esta necesidad, países latinoamericanos han tomado la iniciativa de licitar públicamente su espectro radioeléctrico. Entre ellos, se destaca la licitación llevada a cabo por Brasil, quien se destacó por realizar la más ambiciosa de la región hasta el momento. Las subastas realizadas en Brasil, Chile y República Dominicana han roto el esquema recaudatorio que prima en la región, y han optado por obtener de las empresas de telecomunicaciones compromisos de inversión y conectividad, que permitirán cerrar cada vez más la brecha digital, ampliar la cobertura de servicios y potenciar el desarrollo económico.
En nuestro país, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) ha dejado en evidencia, desde hace ya varios años, la necesidad de que el espectro IMT sea liberado por parte del ICE. En 16 informes técnicos y jurídicos que ha emitido desde el 2012, se hace hincapié en la subutilización y desuso del espectro, cuyas bandas de frecuencias resultan indispensables para el desarrollo de la tecnología 5G.
La liberación de estas frecuencias se encuentra amparada por la Ley General de Telecomunicaciones, que plasma como uno de sus objetivos principales reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda Ancha.
Del mismo modo, el artículo 22 de este cuerpo normativo es claro al indicar que se podrán revocar y extinguir este tipo de permisos ya sea por; i) rescate por causa de interés público, y ii) cuando las frecuencias se encuentran en desuso o con un uso ineficiente.
A su vez, el Gobierno costarricense en el año 2017, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, presentó la Estrategia de Transformación Digital, en la que se planteó como objetivo la transformación digital en el sector público y privado. Dicha transformación no solo se basa en servicios, sino también en la implementación de tecnologías emergentes para las cuales la quinta generación de redes móviles resulta indispensable.
Reivindicar las bandas que se encuentran a manos del ICE y licitar el espectro que nos da acceso a la tecnología 5G, puede generar beneficios que resultan imprescindibles actualmente, tales como la ampliación de la cobertura de red y la inversión en Fondo Nacional de Telecomunicaciones. El incremento de la cobertura de conectividad 3G y 4G, entre otros, puede marcar la diferencia, dado que son justamente las zonas rurales, quienes cuentan en ocasiones con su dispositivo celular como único medio de acceso a la red.
Como ciudadanos debemos exigir que este proceso se haga de forma transparente y mediante la inversión de las empresas concursantes en focos específicos, y no mediante una simple recaudación de capital cuyo destino no sea palpable. De esta forma verdaderamente podremos utilizar esos recursos para potenciar la reactivación económica, contribuir al acceso de educación ininterrumpida de calidad, velar por el acceso de la ciudadanía a información mediante la implementación de recursos tecnológicos y el fortalecimiento de la conectividad, y avanzar cada vez más hacia el Gobierno Digital, transparente y eficaz, que tanto nos ha sido prometido.
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